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Anticorrupción: la lucha de los ancianos de la tribu

09 Agosto 2017 Written by 
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Los organizadores del Foro Juntos contra la Corrupción estaban preocupados. Dolores Padilla decía: "primera vez que convoco a las cinco de la tarde y me llegan a las cuatro". Efectivamente, a esa hora ya decenas de personas pugnaban por entrar a las instalaciones del salón de actos de la Plaza Rodolfo Baquerizo, en pleno Malecón del Salado, colindando con la 9 de Octubre, centro de Guayaquil. Para las cinco de la tarde, de ese martes 8 de agosto,  se había convocado a ese foro público, donde se escucharían tres experiencias de lucha contra la corrupción y se leería la Carta de Guayaquil, un llamado de la sociedad civil del Ecuador a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para que impulsen verdaderamente la lucha contra la corrupción.

Para los organizadores, en estricto sentido la Fundación Esquel y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), la espectativa se había ampliado enormentente en la medida en que las noticias de coimas y sobornos de Odebrecht que señalaban cada vez más al vicepresidente de la República, Jorge Glas, aparecían en los medios de comunicación. Ocho días antes de la convocatoria al foro se había hecho públicos los videos de José Concienciao Santos, apoderado de Odebrecht para Ecuador, y el clima de indignación ayudaba a que decenas de organizaciones se apuntaran a participar en el evento del martes 8 de agosto.

Esa mañana, en el Unihotel, en el centro del Puerto Principal, personalidades de Guayaquil dirigentes de organizaciones se habían reunido con ocho de los nueve miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Algunos octogenarios comisionados, venciendo el calor, el cansancio y el alboroto propio de estas reuniones, participaron con una treintena de representantes de movimientos sociales y organizaciones que se juntaron para un conversatorio. Excepto Isabel Robalino, la centenaria miembro de la CNA, que se moviliza en silla de ruedas, ahí estuvieron los miembros de la Comisión así como María Arboleda,también comisionada,  para charlar  con los convocados, y para posesionar a la nueva Comisión Anticorrupción que  desde ahora operará también en Guayaquil.

No fue fácil llegar a esa convocatoria ni a un consenso sobre el contenido de la Carta de Guayaquil: sobre todo en un punto: algunos comisionados estaban de acuerdo con pedir una convocatoria a una consulta popular  para hacer efectiva la lucha contra la corrupción modificando algunos puntos de la Constitución, y otros pensaban que se debía hacer un llamado a una Asamblea Constituyente para hacer, de una vez, un nuevo pacto social dado el fracaso del pacto de Montecristi del 2008.

El jurista Julio César Trujillo era uno de los partidarios de la Asamblea Constituyente. Trujillo, ya casi nonagenario, había estallado en lágrimas meses antes cuando un juez declaró culpables a los comisionados de haber difamado al ex contralor Carlos Pólit, quien demandó penalmente a los miembros de la Comisión luego de que un juez declaró temeraria una denuncia de la CNA contra el ex contralor por no haber actuado en un caso de corrupción, el de la Refinería del Pacífico. Trujillo se alteró porque esta sentencia manchaba aparentemente una vida límpida dedicada a la defensa del derecho laboral, a la lucha por los derechos humanos y el sindicalismo. Pero Pólit cayó en desgracia y finalmente salió del cargo por la puerta de atrás, vía Miami, y fugó de una sindicación penal por los sobornos de Odebrecht. O sea, el que obtuvo una sentencia por su honra era el menos honrado del Ecuador en ese momento. Con esa autoridad moral, durante la reunión en el Unihotel, Trujillo dijo unas palabras que conmovieron a los presentes: ahora siento el peso de ser viejo, de ser torpe para luchar por esta patria. Cuando éramos jóvenes -no es cierto Pancho (Huerta)- nos enfrentamos por la democracia contra la dictadura, nos llevaron presos, nos exiliaban, nos íbamos desterrados a Bolivia, ahora... Fue una jalada de orejas a esta generación de ecuatorianos que ha permitido esta afrenta de la corrupción, como uno de los asistentes reconocería luego.

Trujillo hizo notar a los ahí reunidos que tal es la indignación del pueblo ecuatoriano sobre lo que pasa, que no hay ecuatoriano de bien que no se me acerque en las calles de Quito y "me pide que pongamos fin a estos corruptos, a estos ladrones". Acudir a los organismos del Estado es innecesario, dijo, "porque los organizó Rafael Correa para que encubran los latrocinios. Él diseñó un sistema de impunidad para que se garantice el robo en el Ecuador. Qué vergüenza tendrá la Universidad de Lovaina de haber graduado a Rafael Correa".

Así, entre llamados a la consulta, a la lucha sin tregua, trascurrió esta sesión, en la cual participó gente como Francisco Huerta Montalvo, Carlos Vera, Alberto Molina, Silvia Buendía, Edwin Ortega, Pablo Better, José Luis Ortiz, Martha Roldós, Anunziatta Valdez, y delegados de organizaciones. Quien llevó adelante la coordinación del diálogo fue Boris Cornejo, de Esquel, y Silvia Buendía, abogada defensora de los derechos GLBTI, pidió el apoyo de la prensa: "esto es grande, dijo, es una lucha nacional".

​Los comisionados se habían colocado en la cabecera de un largo espacio rectangular. En el centro, Jorge Rodríguez, presidente de la CNA, destacó el carácter honesto de los miembros de la Comisión: somos gente libre y de buenas costumbres, dijo; nos han expulgado hasta lo último y no han encontrado nada de qué acusarnos, y destacó que la Comisión es un mandato de las organizaciones de trabajadores, indígenas y demás movimientos sociales, que un 31 de mayo del 2015, en Riobamba, decidieron emprender una lucha contra la corrupción, entregando a la CNA su representación para ejercer esa lucha de manera eficaz y ordenada.

​Para Germán Rodas, otro de los comisionados, la llamada revolución ciudadana habia devenido en un "regimen de boy scouts con afán de asalto al país". Los que estamos aquí, dijo, tenemos demandas en contra que en conjunto suman 55 millones de dólares. Para María Arboleda, la única mujer de la CNA, de origen manabita, dijo que las mujeres estaban en una lucha contra un régimen que a lo mafioso une lo patriarcal, "este trabajo nos permite recuperar la voz, que es la base de la democracia. Este tesoro es la base de la reconstrucción democrática de nuestro país". Y apuntó en sus críticas al ex fiscal general Galo Chiriboga "quien debe pasar a la historia como uno de los más nefastos para la patria", porque el combate también es contra la impunidad, que es la arquitectura que sostiene y socapa la corrupción, y Rafael Correa es el personaje política y simbólicamente representante de esta situación, sostuvo.

Fue Francisco Huerta quien se encargó de posesionar bajo juramento cívico a los nuevos comisionados del Guayas, los cuales tienen "la enorme tarea de desinfectar la República". El mandato lo recibieron de las propias organizaciones de trabajadores y fueron posesionados: Silvia Buendía, Martha Roldós, Alberto Molina, Jorge Ortega, Zobeida Aragua, Camilo Morán, César Cárdenas, Ridardo Ramírez y Vilma Cedeño. 

Ya para la tarde, las organizaciones y cientos de autoconvocados se habían concentrado en la plaza Rodolfo Baquerizo. El salón, montado para unas 600 personas sentadas, resultó pequeño. Varios centenares más se mantuvieron de pie sin dejar un metro libre, y por fuera del salón, otras 200 personas asistieron a la trasmisión en circuito cerrado.  Marcela Restrepo, la activista de Transparencia Colombia que había sido invitada a dar una charla magistral en ese acto, rehacía su discurso, a la luz de lo que veía. Y ella veía, según comentó después, algo que en su país no había visto: una sociedad movilizada contra la corrupción. Así que tomó algunos puntos importantes de lo que había planeado decir, pero se explayó en la forma en que la sociedad organizada debe actuar en contra de la corrupción y la impunidad, con la experiencia de su país.

El ambiente, lleno de gritos, con banderas ondeando, con personas que arengaban con megáfono, aparentaba un pandemonio, pero poco a poco, al calor también de los discursos del presidente de la Conaie, Jorge Herrera y de Martha Roldós, y con la conducción ponderada de Silvia Buendía, los participantes en el Foro se concentraron en el escenario. Tras los discursos llegaron los actos simbólicos. José Villavicencio, en nombre del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, la Conaie y otros movimientos sociales, renovaron el mandato y la confianza a la Comisión Nacional Anticorrupción, y lo propio hicieron con los comisionados del Guayas.

​El último acto del Foro fue la lectura de la Carta de Guayaquil. este documento fue distribuido como hoja volante entre todos los asistentes al acto público.  Y entre sus pedidos estaba "el desafuero del Ing. Jorge Glas, contra quien hay acusaciones no desvirtuadas, su procesamiento y separación del cargo  de Vicepresidente de la República. No puede ser sucesor en espera de la Presidencia, quien acumula las sospechas  que sobre él existen".

La Carta de Guayaquil hizo un llamado: "Una lección de los últimos años es que la ciudadanía no debe desvincularse de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso, convocamos a todos los ecuatorianos  a juntarnos e integrar una sociedad civil activa y organizada. 

"La gravedad de la situación evidencia la urgente necesidad de rescatar la institucionalidad democrática como tarea inaplazable".  En la frase final, la Comisión hizo un llamado a una Consulta Popular, para hacer un nuevo pacto social en el Ecuador.

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo y escritor, es uno de los comisionados del Guayas. Él atendió a Plan V y dijo que "tenemos poco tiempo de posesionados. Hemos nombrado una coordinadora, que es Martha Roldós. Partimos de cero, pero felizmente, Zobeida Aragundi nos ha facilitado el local para reunirnos. Tenemos que organizarnos con una secretaría para los documentos pertinentes. La coordinación será cada tres meses y es rotativa. Establecimos los martes como día de reunión, y nos estamos conociendo entre nosotros. Aún no está delineado el trabajo en sí y este martes 15 será la primera reunión real. Podemos hablar de muchas cosas, hay demasiadas cosas y  quedamos en ver nuestro campo de acción. Aquí la ciudadanía exige respuestas.

"Vamos a interactuar con la CNA, porque hay casos que rebasan la provincia, pero la idea es trabajar en conjunto, una especie de complemento. Hay comisiones en Azuay, Imbabura, Manabí... Estamos en permanente contacto con los ciudadanos. Con las organizaciones gremiales, estudiantiles, sindicales. En esta comisión hay gente vinculada a gremios y organizaciones sociales, Camilo Morán, César Cárdenas, Silvia Buendía... Todos tienen ua representación y son parte de sectores sociales, pero lo importante es señalar que la Comisión no es parte de la función judicial y no nos compete iniciar procesos sino investigar y hacer denuncias, somos parte de la ciudadanía".

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